Thursday, March 23, 2006

Informe de Amnistía Internacional sobre Argentina, mediados de la década de los '90


Siete años de severa represión, iniciada con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, dejaron en la Argentina un saldo de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos. La práctica de la tortura, ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” ejemplarizaron el anuncio de la junta militar sobre su intención de eliminar la subversión a como diera lugar.

Se establecieron “grupos de tarea” que, reuniendo elementos de todas las fuerzas militares, tenían como tarea capturar e interrogar a todos los miembros conocidos de organizaciones subversivas, o sus simpatizantes, o sus asociados, o sus familiares, o cualquiera que pudiera oponerse al poder del gobierno.

Se disolvió el Congreso, se prorrogó el estado de sitio impuesto por el anterior gobierno, se desecharon las garantías jurídicas, las detenciones formales fueron reemplazadas por los secuestros y el número de desaparecidos alcanzó proporciones monstruosas.

Según el General Jorge Rafael Videla, Presidente y Comandante del Ejército de la primera junta militar (marzo de 1976 a marzo de 1981) un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana.

El campo del enemigo se ampliaba y para alcanzar el objetivo y evitar la condena internacional operar en secreto era aconsejable. La política de largo alcance de desapariciones planificadas se puso en marcha.

Sin embargo, a pesar del temor y la prohibición impuesta a la prensa, en Argentina la dimensión de las desapariciones empezó a circular dentro de grupos de familiares unidos por la desesperación y la falta de información oficial. Para 1978 las peticiones individuales y colectivas a los tribunales y a la Corte Suprema de Justicia continuaban siendo rechazadas.

En ese mismo año se publicaron datos sobre 2500 desaparecidos. Nuevas pruebas salían a la luz con el transcurso del tiempo: aparecían declaraciones de presos librados sobre los campos secretos de detención y se informaba de descubrimientos de tumbas sin marcar en cementerios por toda Argentina. Algunos gobiernos indagaban persistentemente sobre la suerte que sus ciudadanos desaparecidos habían corrido en Argentina. Ante el clamor nacional e internacional, el gobierno admitió que habían ocurrido excesos, declarando que los actos de los miembros de las fuerzas armadas en la guerra contra la subversión habían constituido actos de servicio.

A finales de octubre de 1983 se suspendió el estado de sitio y se llevaron a cabo elecciones libres. El 10 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín inició su gobierno civil y se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(CONADEP), con el objeto de esclarecer los eventos trágicos en que miles de personas desaparecieron.

El informe de la CONADEP, Nunca Más, publicado en noviembre de 1984, catalogó 8960 casos de desapariciones, señalando que la figura verdadera podría ser mayor aún. Enumeró 340 centros clandestinos de secuestro en Argentina y concluyó que las fuerzas armadas habían violado los derechos humanos de forma organizada, sirviéndose del aparato del Estado. Rechazó las aseveraciones en el sentido de que las torturas y desapariciones forzadas eran excesos excepcionales. La CONADEP concluyó que las violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas y la tortura, cometidas por el régimen militar fueron el fruto de la implantación generalizada de una metodología represiva, puesta en marcha por las Fuerzas Armadas argentinas con el control absoluto de los resortes del Estado.

La mayoría de las desapariciones en Argentina continúan sin esclarecerse, la suerte de las víctimas no se ha establecido y los culpables gozan de libertad. Los principios de verdad y justicia esperan su turno.

“Hicimos la guerra con la doctrina en mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores” declaró, el 24 de enero de 1980, el general Santiago Omar Reveros ante la Junta Interamericana de Defensa.

Esta guerra que libraron las Fuerzas Armadas argentinas contra la población, generó una violencia sin par y una atmósfera de terror. La máquina del Estado se puso al servicio del crimen contra la población: los cuarteles militares e instalaciones de cuerpos de seguridad se convirtieron en centros de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

“Se cuentan por millares”, constató la CONADEP, “las víctimas que jamás tuvieron vinculación alguna con tales actividades y fueron sin embargo objeto de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente, por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado subversivo”.

El Fiscal que condujo la acusación contra los Comandantes de las Juntas Militares, Dr. Julio Strassera, concluía al final del juicio, que los actos cometidos por las Fuerzas Armadas argentinas deberían incluirse en la categoría de los crímenes contra la humanidad y calificó de terrorismo de Estado los años vividos bajo el régimen de facto.

LA IMPUNIDAD COMO POLÍTICA DE ESTADO

Las violaciones a los derechos humanos registradas en Argentina y Chile durante los gobiernos militares de 1976 a 1983 y 1973 a 1990 respectivamente, que arrojaron un saldo de miles de personas torturadas y ejecutadas extrajudicialmente así como miles de desapariciones, han quedado en su gran mayoría en la impunidad.

En 1978, el gobierno militar del general Augusto Pinochet dictó una amnistía mediante el decreto NU 2191, con la pretensión de dejar impunes las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Esta medida fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que siguen abiertas varias causas ante tribunales militares y la justicia civil, la ley de amnistía se sigue aplicando.

En Argentina, siguiendo el ejemplo de los militares chilenos, el régimen militar expidió en 1983 una ley de amnistía para asegurar la impunidad de sus crímenes. Sin embargo, con la restauración del orden institucional ese mismo año, esta medida fue anulada y se ordenó el enjuiciamiento de los comandantes de las juntas militares que rigieron Argentina durante el régimen de facto así como los demás militares responsables de violaciones a los derechos humanos. Nueve comandantes militares fueron procesados. Fue un juicio notable, en el cual la Fiscalía puso en evidencia las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar. Luego de un intrincado proceso de apelación, cinco comandantes fueron condenados a prisión en 1985. Otras causas contra militares fueron igualmente abiertas.

Esta necesidad de justicia de la sociedad argentina fue frustrada cuando, en 1986 y 1987, el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín expidió las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida respectivamente. Posteriormente, el gobierno del Presidente Carlos Menem expidió un indulto en favor de militares implicados en violaciones de derechos humanos.

Ciertamente, las sociedades argentina y chilena no han renunciado a la verdad y a la justicia. Tanto en Argentina como en Chile, los esfuerzos desplegados para mantener abiertas causas judiciales, esclarecer la suerte y destino de los desaparecidos y traducir ante la justicia a los responsables de las violaciones de derechos humanos, así como la reciente derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, son el testimonio de esta búsqueda de verdad y justicia.

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